Elecciones 2006: Se sospecha de dinero sucio en campaña AMLO

Los gastos de campaña de Andrés Manuel López Obrador estarían financiados con dinero ilícito obtenido a través de la extorsión, el chantaje y el saqueo que el gobierno perredista hace en la ciudad de México.

Documentos en poder de El Economista revelan que cuando López Obrador era Jefe de Gobierno de la ciudad se decidió obtener dinero con qué financiar su campaña presidencial, inflando los presupuestos de la obras públicas y robándose los sobre costos; chantajear a los proveedores del Gobierno del Distrito Federal a cambio de recibir obras públicas y extorsionar a vendedores ambulantes, giros negros, taxistas y microbuseros y a la policía capitalina.

No obstante que algunos de los proveedores han amenazado con denunciar el chantaje, el gobierno de López Obrador pudo disuadirlos de que no lo hicieran.

La estrategia para buscar recursos adicionales a los del IFE con qué financiar las ambiciones políticas de López Obrador se inició en 2003.

En abril del de ese año, CSP (Claudia Sheinbaum Pardo) puso en blanco y negro la estrategia para financiar la campaña de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y estableció que habría que usar todas las fuentes de dinero de que dispone el Distrito Federal para conseguirlo.

El documento establece que una vez obtenido el dinero, “se deben buscar mecanismos para su aplicación de manera que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña”.

El documento establece el perfil de quien debe manejar el dinero y las fuentes a utilizarse, está firmado sólo con las iniciales del autor y en esa misma forma identifica a los responsables de cada uno de los programas.

Documentos posteriores, suscritos por APM (Alberto Pérez Mendoza, actual Coordinador de Defensa del Voto de la Campaña de AMLO) y NMG (Nicolás Mollinedo Bastar, director de Logística de Campaña y amigo personal de AMLO) establecen responsables de cada uno de los programas, precisan las estrategias a aplicar y analizan los resultados obtenidos.

El documento suscrito por CSP, justifica la estrategia a aplicar con el argumento de que el candidato no posee recursos económicos requeridos para el cumplimiento de la meta, ya que aunque el IFE provee recursos económicos importantes, “nadie se atiene a la ley”. Y por la propia mecánica de las campañas electorales es indispensable contar con otra fuente de financiamiento.

CSP establece que esos recursos deben ser manejados de tal manera que no puedan ser contabilizados en los topes de campaña y por eso se sugiere que quien maneje los dineros “no debe estar en la estructura de gobierno, o debe estar en un nivel donde no pueda ser identificado”.

Se sugiere que tenga conocimientos financieros y de programación presupuestal, que sea muy disciplinado, que no sea ostentoso, que tenga una vida ordenada, que no beba ni sea fiestero, que tenga poca vida social y que se identifique plenamente con la causa.

El Economista investigó que quien cumplió con el perfil exigido fue Octavio Romero Oropeza, ganadero de Tabasco, muy amigo de AMLO y quien actuara como oficial mayor en el Gobierno del DF y quien se encarga del manejo de los dineros en la campara presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.

CSP señala en su documento que para obtener recursos hay que “buscar proveedores afines y darles proyectos de obra (distribuidor vial, segundo piso de Periférico y Viaducto y otras vialidades, y pagarles a tiempo para que no incurran en gastos financieros y pedirles su apoyo económico en retribución”.

Sugiere identificar a los proveedores más proclives (sic), identificar a uno o varios y pedirles sobreestimaciones, facturación parcial y pagar el resto por fuera.

“Con algunos de ellos quedaremos en deuda; sin embargo, al llegar a la Presidencia se les recompensará con más proyectos”, dice CSP.

Luego enumera otras fuentes de recursos: giros negros, ambulantes del centro de la ciudad, hermandad de la policía, proyecto de vivienda popular, placas de taxis y microbuses, asociaciones de taxistas tolerados y funcionarios de gobiernos estatales y municipales afines.

Los responsables

Un documento, aparentemente posterior, ya que carece de fecha visible y sólo se identifica como Documento 9, Nota Informativa Confidencial, establece quiénes son los responsables de cada uno de los proyectos.

AMP (Alberto Pérez Mendoza, coordinador de defensa del voto de la campaña de AMLO) y CSP se encargaron de “disuadir” a las empresas constructores que cooperaron a fondo, pero que están dispuestas a testificar que sobrefacturaron y por ello, APM tiene que armar una lista de empresarios calificando su lealtad, preparar demandas por incumplimiento, hablar con el Maestro
(aparentemente se refieren a Bernardo Batiz) para que asigne un Ministerio
Público leal.

En materia de prensa el responsable CYC (César Yañez Centeno, actual vocero de la campaña de AMLO) debe vigilar que los informadores que “se beneficiaron con asignaciones resupuestales de promoción y que podrían voltearse en los últimos dos meses de la campaña”.

Por ello, debe hacer una lista de informadores calificando su lealtad, preparar información curricular y de su vida personal, independientemente de su lealtad, incluso reporteros de La Jornada; emprender acciones (no se dice cuáles), en contra de informadores enemigos, como Pedro Ferriz, Pablo Hiriart, Óscar Mario Beteta, Jaime Sánchez Susarrey y Ramírez.

Por su parte, MEC (Marcelo Ebrard Casaubón, candidato al gobierno del DF) debe enfrentar una bomba que les preocupa. Alejandra Barrios entró a la lista de diputados plurinominales con el apoyo de la CROC “y seguramente buscará vengarse por su encarcelamiento”. MEC tiene que introducir aliado al grupo de Barrios para disuadirla y no aceptar más apoyos del fondo (no se dice cuál).

MEC y JOM (Jesús Ortega Martínez, coordinador Político de la campaña de AMLO) debe buscar el apoyo de la hermandad de policía, por que necesita acallar diferencias internas, analizar el retiro del apoyo al grupo de Rafael Avilés en el control interno de la hermandad, verificar que el 40% de los ingresos se depositen en las cuentas blancas de la campaña.

Ellos mismos deben ocuparse del caso de los taxis piratas y ante la posibilidad de que existen denuncias, deslindar al PRD de grupos de taxista ilegales como Montaña y Pantera y de la Asamblea de Barrios.

APM recibió la encomienda de vigilar el tema de las aportaciones de los giros negros, “ya que a raíz de la denuncia del Sheraton se tiene información de que un grupo de la embajada americana está recabando información sobre cómo operan los giros negros”. Por ello, APM debe recabar información fehaciente que tenga Lenia Batres, directora general de Regulación de Transporte, de la Secretaría de Transporte y Vialidad (Setravi).

También APM se encargó de vigilar el progreso del programa de vivienda del INVI y destapar los malos manejos de aquellos que cada mes dan dinero a gente para asegurar vivienda que nunca llegará, analizar las denuncias presentadas ante el propio INVI y convencer a Bertha Elena Luján, contralora general del GDF, para blindar la información.

La evaluación

En octubre del 2004, en un documento titulado Seguimiento al fondeo de la campaña, APM (Alberto Pérez Mendoza) evalúa cómo les está yendo.

Comenta primero sobre los excedentes de las obras del segundo piso. “Fue un acierto que quedaran a cargo de CSP y no de Finanzas, que podría dejar documentos imprudentes por su perfeccionismo”.

Tienen un problema en ese momento, ya que uno de los proveedores más importantes a quien se le pidieron facturas por el doble, nunca estuvo de acuerdo y parece que quiere hablar con el Procurador de la República. “Es necesario disuadirlo”, concluye APM.

Sobre el Metrobús, señala que el estudio económico que se hizo del proyecto indica que habrá excedentes importantes.

Los permisos para giros negros dejan un excelente ingreso y sin riesgo, pues cada delegado asume su responsabilidad. Comenta de puño y letra: “algunos han abusado al tomar su parte”.

El otorgamiento de placas de microbuses, taxis y tolerados no ha sido un ingreso bueno “porque existen muchas manos en medio y hay muchos cabos sueltos”.

En el caso del ambulantaje, “los líderes están bien controlados por Bejarano-Padierna y aportan buena cantidad”.

La hermandad de la policía ha colaborado generosamente y el blindaje legal es absoluto a través de su asociación.

El programa de mejoramiento de vivienda del INVI ha sido un éxito. “Hemos entregado grandes cantidades de dinero a miembros activistas del partido y a
personas físicas afines al proyecto, para remodelación”.

Extorsión, robo y chantaje en la campaña de AMLO